¿Qué es justicia en línea? El caso de Queensland en Australia

¿Qué es justicia en línea? El caso de Queensland en Australia

La Justicia en línea es un nuevo modelo de relacionamiento entre los operadores de la justicia.

En un momento en el que los serios problemas de eficacia y eficiencia de la justicia de Colombia comienzan a ser objeto del escrutinio por parte de la opinión pública, el potencial de soluciones rápidas y efectivas atrae la atención de los principales interesados. Por eso es una señal alentadora que la Rama Judicial y el Gobierno Nacional hayan celebrado acuerdos concreto acerca del Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial (PET) cuya ejecución está comenzando.

Sin embargo, es indispensable precisar antes el concepto de "justicia en línea" (e-justicia o justicia digital según otros términos usuales en la literatura sobre la materia). No equivale al "expediente electrónico" que sustituiría los voluminosos cuadernos que todavía invaden nuestras oficinas judiciales, ni consiste en "digitalizar" o "escanear" los papeles existentes en los despachos. Tampoco significa intercambiar las piezas procesales a través de direcciones de correo electrónico.

Esas herramientas tecnológicas ayudan a implementar una "justicia en línea", pero no son su elemento fundamental. Cambiarán tan rápido como la tecnología que ya ha hecho obsoletos telex o faxes y podrán ser sustituidas por otras mejores. La Justicia en línea es un nuevo modelo de relacionamiento entre los operadores de la justicia (jueces, empleados judiciales, abogados, auxiliares de la justicia, otras instituciones del sector justicia) y los ciudadanos que acuden a ellos en busca de una solución oportuna, transparente y confiable para sus conflictos.

Diversas herramientas tecnológicas ya están disponibles en el mercado y es solo cuestión de seleccionar las más apropiadas para un país como Colombia, de acuerdo a las características de su demanda de servicios de justicia. Pero lo esencial es el nuevo modelo de relacionamiento que por un tiempo subsistirá con el despacho judicial tradicional y que en el largo plazo puede terminar por desplazarlo.

Las licencias de programas de oficina y los computadores de última tecnología ayudan a poner en marcha este modelo, pero los paquetes y equipos de escritorio son solo ladrillos menores en la construcción de una solución integral al problema.

En este sentido el caso del Estado de Queensland en Australia puede ser ilustrativo. Se trata de un país con una población de aproximadamente 4.1 millones de habitantes distribuidos sobre un territorio de casi 1.8 millones de kilómetros cuadrados (más de un 50% mayor que el de Colombia). Su producto interno bruto de USD$250 billones es la mitad del de Colombia, aunque su población es apenas la décima parte (4.5 millones). Cuenta con un total de 160 jueces para atender un volumen anual de casos judiciales nuevos de alrededor de 600.000.

En la actualidad es uno de los países más avanzados en materia de justicia en línea. La mayor parte de los servicios de juzgados y tribunales se prestan en línea sin necesidad de la presencia personal de abogados o partes a las oficinas judiciales, salvo para audiencias programadas con suficiente anterioridad a través de un sistema de calendarización que define "el cronograma del proceso" con fechas ciertas, igualmente obligatorias para el juez y los demás actores en el caso; y que solo puede modificarse en casos excepcionales.

Queensland no habría podido llegar a su nivel actual de justicia en línea que reduce a un mínimo el uso del papel (aunque se conserva la alternativa presencial para quienes así lo prefieran) y facilita el acceso seguro a la información de todos los expedientes judiciales, si no hubiera tomado una decisión estratégica hace más de diez años cuando las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) apenas irrumpían en el mundo de la justica.

La principal decisión estratégica fue la de tercerizar ("outsource") la prestación de los servicios TIC a compañías especializadas que aseguraran el diseño, operación y mantenimiento de una plataforma suficientemente robusta como para:
(a) Atender la creciente demanda de justicia de los ciudadanos de Queensland.
(b) Garantizar la seguridad y confiabilidad de toda la información recibida o generada en el curso de un proceso judicial.
(c) Mantenerse permanentemente actualizadas en medio del rápido cambio tecnológico.

La opción alternativa (edificar una capacidad interna para el desarrollo tecnológico y financiarla con aumentos al arancel judicial) fue desechada. Se consideró preferible que el Poder Judicial concentrara sus esfuerzos en la función propia de administrar la justicia y no se distrajera con tareas que requerían de experticias diferentes.

Los resultados son significativos. Gracias al modelo adoptado, Queensland cuenta en la actualidad con tasas de evacuación superiores al 100% (en algunas cortes hasta del 120%). Sus servicios judiciales en línea incluyen la presentación y contestación de demandas, presentación de pruebas documentales, notificaciones a partes o terceros y sobre todo un elemento clave en el mundo de los litigios comerciales o administrativos: la interoperabilidad con los registros de otras instituciones públicas o privadas que manejan información relevante para procesos judiciales, como los registros de la propiedad donde deben practicarse embargos o anotaciones preventivas.

Queensland ha seguido el principio del Informe de Lord Woolf que lideró las reformas en el mundo del common law a partir de 1998: las justicias civil y comercial no son gratuitas y sus usuarios deben sufragar los costos del sistema. Sin embargo, las tarifas que cobra el operador privado por estos servicios son relativamente bajas. 100 dólares australianos (aproximadamente 170 mil pesos colombianos) por una presentación o contestación de demanda, 30 por una notificación (alrededor de 50 mil pesos colombianos). Son tarifas que pueden parecernos elevadas a quienes estamos acostumbrados al principio tradicional de la gratuidad de la justicia, pero que podrían contrastarse con las del arancel judicial del 1.5% sobre el valor estimado de pleito que está a punto de comenzar a recaudarse en Colombia y que puede resultar mucho más oneroso.

 

David Fernando Varela
Consultor Internacionla en Reformas del sector público

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